Dentro de los delitos de estafa, el Código Penal español contempla en su artículo 251 tres modalidades que la doctrina denomina estafas impropias. Se trata de figuras delictivas que comparten con la estafa genérica la presencia del engaño y el perjuicio patrimonial, pero cuya conducta típica está delimitada de forma específica por el propio precepto, sin necesidad de acreditar las maniobras artificiosas propias del tipo general.
En este artículo nos centramos en la segunda de esas modalidades: la tipificada en el artículo 251.2 del Código Penal, que sanciona a quien dispone de un bien mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga que pesa sobre él, así como a quien, habiéndolo enajenado como libre, lo grava o enajena nuevamente antes de que se complete la transmisión al adquirente, en perjuicio de éste o de un tercero.
Conducta típica: en qué consiste este delito
La conducta nuclear del artículo 251.2 CP puede resumirse en una actuación de ocultación deliberada: el transmitente presenta un bien como libre de cargas cuando, en realidad, éste está gravado (por una hipoteca, una anotación preventiva, una prohibición de enajenar u otro gravamen) y lleva a cabo la transmisión sin revelar esa circunstancia al adquirente.
También queda tipificada la conducta de quien, tras haber enajenado el bien como libre, lo grava o lo vuelve a enajenar antes de que la primera transmisión se haya perfeccionado, causando así perjuicio al primer adquirente o a un tercero.
Elementos del tipo: objetivo y subjetivo
El análisis del tipo penal exige distinguir entre sus elementos objetivos y subjetivos.
Desde el punto de vista del tipo objetivo, es necesario que el sujeto se atribuya sobre el bien facultades de disposición de las que en realidad carece, o que silencia las limitaciones que las restringen, y que realice un acto de disposición en perjuicio de tercero.
En cuanto al tipo subjetivo, se requiere que el sujeto actúe con pleno conocimiento de que carece de las facultades que se atribuye o de que el bien transmitido soporta cargas que está ocultando, actuando con ánimo de lucro.
Los cinco elementos exigidos por la jurisprudencia
La STS 809/2005, de 23 de junio, entre otras resoluciones del Tribunal Supremo, ha sistematizado los requisitos para apreciar el delito del artículo 251.2 CP (inciso primero) en cinco elementos concurrentes:
- Negocio jurídico de disposición sobre un bien o cosa en su más amplio sentido, ya sea mueble o inmueble.
- Transmisión del bien como libre de cargas cuando sobre él pesaba un gravamen real o de otro tipo.
- Ocultación consciente del gravamen, ejecutada con conocimiento de su existencia y con intención de que la transmisión se lleve a cabo. El engaño, en esta modalidad, se concreta precisamente en ese silencio deliberado sobre la carga existente.
- Perjuicio o daño patrimonial para el adquirente o para un tercero. Según el tipo de gravamen y la naturaleza del bien, el perjudicado puede ser el adquirente, en el caso de gravámenes reales sobre bienes inmuebles, o el titular del gravamen, supuesto en el que pueden entrar en juego las normas civiles sobre créditos preferentes.
- Ánimo de lucro y relación de causalidad entre el engaño y el perjuicio producido, como en cualquier figura delictiva de naturaleza defraudatoria.
El concepto de gravamen: más allá de la hipoteca y la prenda
Un aspecto relevante de esta figura es la amplitud con la que la jurisprudencia ha interpretado el concepto de gravamen. Este no se limita a los derechos reales de garantía más habituales, como la hipoteca o la prenda, sino que abarca también otras figuras jurídicas que condicionan o restringen el poder de disposición sobre el bien, tales como las anotaciones preventivas de embargo o las prohibiciones de enajenar.
Esta interpretación extensiva tiene una consecuencia práctica importante: la tutela penal alcanza a un espectro amplio de situaciones en las que el transmitente oculta cualquier restricción jurídicamente relevante sobre el bien objeto de la transacción.
Relación con la estafa genérica agravada del artículo 250 CP
En la práctica forense surge ocasionalmente el debate sobre si determinadas conductas deben reconducirse al artículo 251.2 CP o, en su lugar, a la estafa genérica agravada del artículo 250.1.5ª en relación con el artículo 248, ambos del Código Penal.
Aunque ambas figuras comparten elementos comunes (el engaño, el ánimo de lucro y el perjuicio patrimonial) la distinción es clara: en la estafa genérica el engaño puede adoptar cualquier forma artificiosa, mientras que en las estafas impropias del artículo 251 el engaño está tipificado de forma específica y delimitada en cada modalidad. Esta especialidad determina que, cuando los hechos encajan en el tipo del artículo 251.2, sea este el precepto aplicable con preferencia sobre el tipo general.
Conclusión
La estafa impropia del artículo 251.2 del Código Penal protege la buena fe y la seguridad en el tráfico jurídico patrimonial frente a quienes transmiten bienes ocultando deliberadamente las cargas que los gravan. Su aplicación exige acreditar cada uno de los elementos que la jurisprudencia ha consolidado, tanto en el plano objetivo como en el subjetivo, lo que convierte su correcta calificación en una tarea de análisis jurídico riguroso por parte de un abogado penalista.
