Cuando un Estado solicita a España la entrega de una persona para ser juzgada o para cumplir condena en el extranjero, el procedimiento de extradición no consiste en juzgar si esa persona es culpable o inocente de los hechos que se le atribuyen. La Audiencia Nacional, órgano competente en esta materia, se limita a verificar si se cumplen los requisitos legales que habilitan la entrega conforme al tratado internacional aplicable y a la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva. Uno de esos requisitos, y de los más relevantes, es el principio de doble incriminación.
¿Qué es el principio de doble incriminación?
El principio de doble incriminación exige que la conducta por la que se solicita la extradición esté tipificada como delito tanto en el ordenamiento jurídico del país requirente como en el español. Así lo recoge expresamente el Preámbulo de la Ley de Extradición Pasiva, que sigue el sistema de identidad normativa: basta con que la infracción esté tipificada en la legislación de ambos países.
Si el hecho por el que un Estado solicita la entrega de una persona no constituye delito en España, la Audiencia Nacional denegará la extradición. En la práctica, esto es relevante porque en ocasiones una conducta puede ser constitutiva de delito en el país requirente y no serlo en España, o serlo únicamente a nivel de infracción administrativa.
Cabe destacar que no es necesario que el delito tenga la misma denominación en ambos países. Lo determinante es que la conducta descrita sea penalmente relevante en los dos ordenamientos, aunque reciba una calificación jurídica distinta. Por ejemplo, unos mismos hechos podrían ser constitutivos de estafa en el país requirente y de apropiación indebida en España: ello no impediría, por sí solo, la extradición.
El papel de la nota verbal: el relato fáctico como base del análisis
El análisis del principio de doble incriminación por parte de la Audiencia Nacional parte, necesariamente, del relato de hechos contenido en la nota verbal que el país requirente dirige a las autoridades españolas, junto con la documentación que la acompaña.
Es imprescindible que ese relato sea detallado, concreto y suficientemente fundado. Si la descripción de los hechos es vaga o imprecisa, la Audiencia Nacional no estará en condiciones de verificar si la conducta descrita constituye o no un delito conforme al ordenamiento español. Sin un relato fáctico sólido, no es posible afirmar ni negar que los hechos merezcan reproche penal en nuestro país.
Las dos vertientes del principio: formal y material
La aplicación del principio de doble incriminación no se agota en comprobar que la conducta está tipificada en ambos ordenamientos. La jurisprudencia y la doctrina han identificado dos vertientes diferenciadas que deben concurrir simultáneamente.
Vertiente formal
Es el aspecto más conocido: la conducta descrita en la nota verbal debe encajar en algún tipo penal previsto en la legislación española. Si los hechos no son constitutivos de delito en España, la extradición debe ser denegada. Retomando el ejemplo anterior, si el país requirente describe la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, conducta igualmente tipificada en España, la vertiente formal quedaría satisfecha.
Vertiente material
Es la dimensión menos conocida, pero igualmente exigible. No basta con que los hechos descritos sean constitutivos de delito en España: es imprescindible, además, que el relato fáctico vincule de forma concreta a la persona reclamada con esos hechos, aportando elementos suficientes para la atribución de responsabilidad penal.
Si la nota verbal se limita a describir una conducta delictiva de forma genérica y menciona a la persona reclamada de manera tangencial, sin precisar qué actos concretos realizó, en qué momento intervino o qué papel desempeñó, la extradición debería ser desestimada por vulneración de la vertiente material del principio. Una falta de concreción de este tipo hace imposible examinar si la persona efectivamente participó en los hechos atribuidos, lo que constituye un defecto insalvable del procedimiento.
Siguiendo el ejemplo anterior: si el país requirente describe la organización criminal y su actividad, pero no especifica qué conducta concreta realizó la persona cuya entrega solicita ni en qué momento intervino, la vertiente material no quedaría satisfecha y la extradición debería ser denegada.
Conclusión
El principio de doble incriminación es un requisito imprescindible en todo procedimiento de extradición. Su correcta aplicación exige verificar, en primer lugar, que la conducta descrita esté tipificada como delito en España y, en segundo lugar, que el relato fáctico aportado por el país requirente atribuya de forma suficientemente concreta a la persona reclamada una participación penalmente relevante en esos hechos. La inobservancia de cualquiera de estas dos vertientes debe conducir a la denegación de la extradición.
Si te encuentras inmerso en un procedimiento de extradición o tienes un familiar afectado, contar con un abogado de extradición especializado es determinante para analizar si concurren todos los requisitos legales y construir la estrategia de defensa más sólida posible.
